La Justicia formalizó cargos contra Silvina Murúa y los empresarios Julián Quiroga, Iñaki Partarrié y Martín Partarrié por una presunta maniobra de direccionamiento de compras para comedores escolares.
La causa por el presunto desvío millonario de fondos destinados a comedores escolares en la ciudad de Concordia sumó un nuevo avance judicial con la formalización de imputaciones contra ex funcionarios y empresarios señalados como parte de un esquema que habría operado desde comienzos de 2024.
Según la investigación, encabezada por la fiscal Daniela Montangie, los funcionarios involucrados habrían actuado como autores materiales de delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos, mientras que los empresarios fueron considerados partícipes necesarios dentro de la maniobra. Las acusaciones incluyen peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
Desvío millonario
La pesquisa apunta a un sistema sostenido de direccionamiento de compras de alimentos para más de 37 comedores escolares. El mecanismo, de acuerdo a la reconstrucción judicial, consistía en orientar a los responsables de tarjetas SIDECREER hacia proveedores previamente definidos. En ese marco, se investigan presuntas presiones y estrategias de persuasión para concentrar las adquisiciones en firmas como Ahora Voy SRL y Partarrrie Distribuciones SAS, generando un circuito cerrado con beneficios económicos para los implicados.
En paralelo, la investigación también puso el foco sobre la figura de Quiroga, quien, pese a no contar con un cargo formal dentro de la Coordinación Departamental de Comedores, habría tenido acceso a oficinas, manejo de dinero en efectivo y participación activa en la logística de distribución. Testimonios incorporados a la causa lo describen como una presencia constante dentro del esquema, aunque sin funciones claramente definidas.
De acuerdo con los elementos reunidos, este intermediario habría trasladado importantes sumas de dinero no registradas, que luego eran canalizadas hacia circuitos informales de cambio de divisas. Durante los procedimientos judiciales se le secuestraron cerca de 48 millones de pesos, unos 7.000 dólares en efectivo y armas de fuego.
Más de 30 establecimientos perjudicados
El caso tomó estado público a mediados de 2025, tras una auditoría realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos entre marzo y abril de ese año. El informe detectó diferencias significativas entre la mercadería facturada y la efectivamente entregada en al menos 37 establecimientos educativos de Concordia.
A partir de ese relevamiento, Murúa fue desplazada de su cargo como coordinadora de comedores escolares. En simultáneo, comenzaron a multiplicarse denuncias de directivos por retiros intempestivos de tarjetas SIDECREER, presiones para direccionar compras, faltantes de alimentos y dificultades administrativas para rendir cuentas.
Fuente: Diario Junio