Las audiencias debían comenzar este lunes en Asunción, pero fueron reprogramadas para el 1° de junio a pedido de la Fiscalía. El ex senador y su ex secretaria continúan con prisión domiciliaria.
El juicio por contrabando en grado de tentativa que deben afrontar el ex senador nacional Edgardo Kueider y su ex secretaria Iara Guinsel fue postergado y finalmente comenzará el próximo 1° de junio en Asunción, según confirmaron fuentes judiciales.
Las audiencias estaban previstas para este lunes 20 de abril, pero el Ministerio Público Fiscal de Paraguay solicitó la reprogramación debido a la superposición con otro proceso en curso que requiere continuidad. Se trata de una causa por estafas que involucra al empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel.
Segunda postergación
De acuerdo a lo previsto, el debate oral se iniciará a las 8 de la mañana en la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos. El tribunal estará integrado por los magistrados Elsa García, en carácter de presidenta, junto a Matías Garcete Piris y Adriana Planas.
Esta es la segunda postergación del juicio. Inicialmente, estaba previsto para octubre del año pasado, pero debió reprogramarse para abril de 2026 por la realización de otro proceso judicial de relevancia en ese período.
Kueider y Guinsel llegarán a esta instancia en calidad de detenidos, ya que ambos cumplen prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En esa fecha fueron interceptados por la Prefectura paraguaya, que procedió a su detención y al secuestro de una importante suma de dinero que no había sido declarada.
Delito de contrabando
Según la acusación, intentaron cruzar la frontera entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este transportando 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos sin la correspondiente declaración.
Para cuando se inicie el juicio, los imputados llevarán cerca de un año y medio privados de su libertad, tiempo que será computado en caso de una eventual condena. El delito de contrabando en grado de tentativa contempla una pena máxima de hasta dos años y medio de prisión. En el sistema judicial paraguayo, toda condena superior a los 24 meses implica cumplimiento efectivo.