La Justicia entrerriana hizo lugar este viernes a una acción de amparo colectivo y ordenó al Gobierno provincial adoptar medidas para garantizar una alimentación saludable en los establecimientos educativos públicos de Entre Ríos.
El juez Juan Francisco Malvasio hizo lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por padres, AGMER y la Fundación Cauce. Ordenó que en las escuelas públicas provinciales no se distribuyan productos destinados a desayunos y meriendas que tengan sellos de advertencia nutricional.
Dentro de los ejes importantes, el planteo buscaba impedir que el Estado continúe distribuyendo productos ultraprocesados en los desayunos y meriendas que reciben los alumnos de las escuelas públicas provinciales.
Puntos de la decisión
Al resolver, el magistrado ponderó especialmente el interés superior del niño como principio rector para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y estableció obligaciones concretas para el Estado entrerriano.
En ese sentido, ordenó al Gobierno de Entre Ríos que se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación (CGE) productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia.
La decisión no implica, sin embargo, la suspensión del servicio alimentario. Por el contrario, el juez dispuso que el Estado deberá garantizar de manera simultánea e ininterrumpida la provisión de alimentos que no estén alcanzados por esa prohibición, de modo que los estudiantes continúen recibiendo sus desayunos y meriendas.
Argumentos de la justicia
Entre los argumentos de la sentencia, Malvasio sostuvo que la exclusión de alimentos con sellos de advertencia frontal dentro de los establecimientos educativos constituye una política de salud pública, cuyo efectivo cumplimiento debe ser garantizado por el Estado.
La resolución también remarca que eventuales dificultades administrativas, presupuestarias o relacionadas con la implementación de controles no pueden utilizarse como fundamento para incumplir las obligaciones existentes en materia alimentaria.