La investigación destapó una red organizada de contrabando, con casi una veintena de imputados y fuertes medidas económicas contra los involucrados.
La medida fue dispuesta por la jueza federal Analía Ramponi, quien además ordenó embargos millonarios que alcanzan hasta los 10 millones de pesos para algunos de los principales imputados, mientras que para el resto se fijaron montos cercanos a los 5 millones. También se dispusieron medidas cautelares sobre vehículos presuntamente utilizados en la operatoria.
De acuerdo a la investigación, no se trataba de maniobras aisladas, sino de un circuito clandestino con roles definidos, logística aceitada y funcionamiento sostenido durante meses en distintas localidades del norte entrerriano, como Chajarí y Villa del Rosario.
Metodología
El esquema delictivo consistía en el ingreso de camiones desde el exterior con neumáticos ocultos, que luego eran descargados en puntos previamente acordados. Allí se realizaba el reemplazo por cubiertas usadas —una maniobra conocida como “desarme”— para continuar el traslado sin levantar sospechas, antes de reinsertar la mercadería en el mercado interno.
El expediente se sostiene en una amplia cantidad de pruebas, entre ellas intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia, registros audiovisuales y allanamientos simultáneos, que permitieron además el secuestro de dinero, documentación, vehículos y una importante cantidad de neumáticos.
La causa se originó en mayo de 2023, cuando la Aduana llevó adelante una serie de procedimientos en varias localidades entrerrianas, donde se incautaron más de 2.100 cubiertas valuadas en aproximadamente 88 millones de pesos.
Fuente: Diario Río Uruguay