Tras las recientes imputaciones dispuestas por la Justicia de Concordia en la causa que investiga la compra de Gas Natural Comprimido (GNC) para el parque automotor municipal, la abogada María de los Ángeles Petit salió al cruce de la acusación fiscal.
La abogada María de los Ángeles Petit, quien junto al letrado Matías Lladós representa a cinco de los once imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de GNC para el parque automotor municipal, cuestionó el avance del expediente, sostuvo que responde a intereses políticos y afirmó que la propia investigación contiene documentación y testimonios que acreditan la existencia y utilización de vehículos municipales a gas.
Petit aseguró que el expediente presenta inconsistencias que contradicen la hipótesis de la Fiscalía. La investigación judicial alcanza a ex funcionarios municipales y a una funcionaria actualmente en funciones, en el marco de una causa que busca determinar si durante el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2023 se adquirió combustible para vehículos que no existían o que no se encontraban operativos. Entre los imputados figuran Mireya López Bernis, Jorge Raúl Pérez, Liliana Freytas, Claudio D’Antonio y la actual directora de Compras y Suministros, Patricia Miranda, entre otros funcionarios vinculados a distintas gestiones municipales.
Cuestionamientos al origen de la investigación
Petit recordó que la causa comenzó a tramitarse en 2024 bajo la conducción del fiscal José Arias, quien posteriormente fue apartado luego de que la Cámara de Casación de Concordia hiciera lugar a una recusación planteada por la defensa.
Según explicó, tras esa resolución se amplió significativamente el período bajo investigación, pasando a abarcar casi una década de actuaciones administrativas vinculadas a la compra de GNC para vehículos municipales.
La letrada también cuestionó el tratamiento informativo que recibió el expediente y sostuvo que algunas publicaciones centraron la atención exclusivamente en ex funcionarios de la gestión de Enrique Cresto, omitiendo que entre los imputados se encuentra una funcionaria de la actual administración municipal.
“La nómina incluye funcionarios de distintas gestiones, entre ellos la actual directora de Compras y Suministros”, remarcó Petit, al cuestionar que esa información no fuera reflejada en algunas de las primeras publicaciones sobre el caso.
La defensa sostiene que existen pruebas que contradicen la acusación
Uno de los principales argumentos de la defensa apunta a la existencia de documentación y testimonios incorporados al expediente que, según Petit, acreditan que los vehículos a gas efectivamente existían y eran utilizados por el Municipio.
La abogada indicó que las operaciones observadas corresponden a compras realizadas en las estaciones de servicio Portal del Lago y Chiqui García por un monto total de 11.441.265 pesos durante un período de nueve años.
Asimismo, señaló que en la causa obran expedientes administrativos, registros de compra, vales de combustible conservados por las estaciones de servicio y declaraciones de empleados que afirmaron haber cargado GNC en vehículos municipales. “La Municipalidad poseía camionetas y un automóvil a gas debidamente certificados y habilitados. Lo que ocurrió es que esos vehículos fueron desmantelados al inicio de la gestión de Francisco Azcué”, sostuvo.
Además, agregó que existe un registro de más de 50 agentes municipales que retiraron combustible durante el período investigado, dejando constancia formal de esas operaciones.
“Buscan un efecto mediático”
Petit también vinculó la reactivación pública del expediente con el escenario político provincial. “Se trata de otra de esas causas que estaban dormidas hasta que el ex intendente Enrique Cresto manifestó su intención de competir por la Gobernación”, afirmó.
Para la letrada, tanto el momento de las imputaciones como la difusión de la información responden a una estrategia política orientada a generar repercusión mediática.
En ese sentido, cuestionó que la investigación alcance únicamente a funcionarios que intervinieron en los procedimientos administrativos vinculados a las compras y no a otros actores que participaron de las operaciones analizadas. “Los funcionarios imputados visaron expedientes y firmaron órdenes de compra dentro de los mecanismos establecidos por las ordenanzas vigentes. La Fiscalía entiende que esa intervención administrativa los convierte en partícipes necesarios”, señaló.
Finalmente, Petit sostuvo que resulta llamativo que la noticia sobre las imputaciones haya trascendido públicamente antes de que algunos de los acusados fueran formalmente notificados y convocados a declarar.
“Es una causa netamente política. Quienes dijeron haber vendido el GNC, participaron de los procesos de compra y recibieron los vales no fueron imputados. Debe ser la única causa donde solo se imputa a una de las partes. Cuando ocurre eso, evidentemente se busca un efecto mediático”, concluyó.
Fuente: Diario Junio