Se pronunció a favor de confirmar la sentencia dictada en la causa judicial que analiza el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares implementado por el Gobierno provincial.
Jorge García consideró que debe confirmarse la sentencia dictada en el marco del amparo por los desayunos y meriendas escolares y entendió que no corresponde hacer lugar a la apelación impulsada por padres, AGMER y la Fundación CAUCE. No obstante, remarcó que la Provincia debe garantizar que los alimentos sean efectivamente saludables y no limitarse únicamente a retirar productos con sellos de advertencia.
García consideró que la sentencia cuestionada no resulta arbitraria y que se encuentra debidamente fundada en normas constitucionales, convencionales y provinciales. Asimismo, sostuvo que el diseño y la instrumentación de las políticas públicas corresponden, en principio, al Poder Ejecutivo, aunque reconoció que dichas decisiones pueden ser sometidas a control judicial cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
Decisión de la justicia
Uno de los aspectos centrales del dictamen es la interpretación que realizó sobre el alcance del fallo. El Procurador sostuvo que la decisión judicial no debe reducirse únicamente a impedir la distribución de productos que contengan sellos de advertencia previstos por la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable.
Por el contrario, entendió que existe una obligación más amplia por parte del Estado: garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciban una alimentación efectivamente saludable y nutricionalmente adecuada.
En ese sentido, García advirtió que cualquier adecuación del nuevo sistema deberá implicar una modificación real de los alimentos ofrecidos y no simplemente un cambio formal en los envases, rótulos o etiquetas. La ausencia de sellos de advertencia, por sí sola, no convierte automáticamente a un producto en saludable.
Interpretación de la sentencia
El Procurador también valoró la conformación de una mesa de diálogo interinstitucional y multisectorial impulsada por el Gobierno provincial, de la que participan especialistas, profesionales, universidades y representantes de la empresa proveedora. Consideró que ese ámbito puede resultar adecuado para avanzar en las modificaciones necesarias del sistema.
De esta manera, García entendió que la apelación presentada por los accionantes puede servir para precisar y ampliar la interpretación de la sentencia, pero no constituye un fundamento suficiente para revocarla.
El dictamen, por lo tanto, avala la continuidad de la política alimentaria instrumentada por el Poder Ejecutivo, pero condicionada al cumplimiento efectivo de los estándares legales de alimentación saludable y a las adecuaciones que resulten necesarias para garantizar los derechos de los estudiantes.