La medida se concretó este lunes en Paraná, en el marco de la ejecución de las condenas firmes por el denominado “megajuicio”. El Estado entrerriano tomó posesión de dos inmuebles, vehículos y distintos elementos utilizados por la empresa Tep SRL.
Este lunes se concretó en Paraná una nueva medida vinculada a la ejecución de las condenas firmes contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez.
En ese marco, el fiscal de Estado Adjunto de Entre Ríos, Martín Rettore, recibió las llaves de los galpones ubicados sobre calle Racedo, donde funcionó la empresa Tep SRL. La entrega fue realizada por el abogado Miguel Ángel Cullen.
Que se decomisó
Además de los inmuebles, durante el procedimiento se incorporaron al decomiso distintos vehículos, equipos informáticos y elementos utilizados para la actividad de la imprenta, que quedaron a disposición del Estado provincial.
Entre los bienes encontrados se identificaron una camioneta Citroën Berlingo, un camión Ford F4000D, una motocicleta Zanella ZB 100, computadoras y un plotter de impresión de grandes dimensiones.
La medida responde a lo establecido en la sentencia dictada el 7 de abril de 2022, que dispuso la confiscación definitiva de bienes inmuebles y muebles vinculados a Tep SRL y a los imputados en el marco de la causa conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”.
Los inmuebles decomisados corresponden a los galpones ubicados en los números 409 y 415 de calle Racedo, en Paraná. También forman parte del listado distintos elementos tecnológicos y de comunicación utilizados para el funcionamiento de la empresa.
Condena de los involucrados
Según explicó Rettore, la Fiscalía de Estado tiene como función hacer efectivo el decomiso y poner los bienes a disposición del Poder Ejecutivo entrerriano. Posteriormente, los organismos correspondientes deberán determinar el destino y eventual utilización de los elementos incorporados al patrimonio estatal.
El decomiso se produce luego de que quedaran firmes las condenas surgidas del juicio oral que investigó cinco causas acumuladas y que fue denominado “megajuicio”. Urribarri recibió una pena de ocho años de prisión, mientras que Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera fueron condenados a seis años y medio, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fuente: Análisis Digital