Joaquín Benegas Lynch, representante de Entre Ríos por La Libertad Avanza, figura como fundador y director de Glocal Terra, una compañía dedicada al asesoramiento, valuación y administración de propiedades rurales para inversores extranjeros.
La firma se denomina Glocal Terra y, de acuerdo con la información publicada en su propio sitio web —redactado íntegramente en inglés—, Benegas Lynch aparece como fundador y director.
El dato no resulta menor. El legislador de La Libertad Avanza integraba el grupo de senadores que acompañaría el proyecto promovido por el presidente Javier Milei para modificar el régimen de tierras rurales. Entre sus disposiciones, la iniciativa contemplaba elevar del 15 % al 25 % el porcentaje máximo de superficie susceptible de ser adquirida por personas humanas o jurídicas extranjeras.
Finalmente, el oficialismo retiró el proyecto del temario de la sesión ante la falta de votos necesarios para aprobarlo.
Una empresa con operaciones en cinco países
Glocal Terra ofrece servicios de asesoramiento para inversiones, valuación de propiedades rurales y administración integral de establecimientos en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.
En su presentación institucional, la compañía señala que actúa por cuenta y bajo las directivas de propietarios residentes en el extranjero, supervisando explotaciones agrícolas arrendadas o administradas y elaborando informes con observaciones y propuestas de solución.
La empresa asegura haber intervenido en operaciones relacionadas con más de tres millones de hectáreas en mercados latinoamericanos. También informa haber valuado más de 400.000 hectáreas, incluyendo tierras agrícolas, ganaderas, forestales, propiedades destinadas a la conservación y establecimientos vinculados con actividades recreativas o estilos de vida específicos.
Su oferta comprende campos ubicados en el cinturón sojero argentino, plantaciones forestales en Uruguay, explotaciones frutícolas en Chile y Perú, haciendas ganaderas en Paraguay, viñedos en Mendoza y propiedades rurales de lujo o destinadas a la pesca en la Patagonia.
Asimismo, la firma afirma contar con experiencia en la gestión de más de 85.000 hectáreas forestales y en la administración de créditos de carbono en la Argentina y Chile.
Del negocio privado a la decisión pública
La existencia de una actividad empresarial privada no configura, por sí sola, una irregularidad. Sin embargo, el caso plantea una pregunta institucional inevitable: ¿puede un senador intervenir en una reforma legislativa capaz de incidir directamente sobre el mercado en el cual actúa la empresa que fundó y dirige?
No se trata de formular una condena anticipada ni de atribuir una incompatibilidad que todavía debe ser jurídicamente determinada. Se trata de exigir transparencia.
La cuestión adquiere mayor gravedad porque la reforma proyectada no era neutral respecto de la actividad de Glocal Terra. La ampliación del porcentaje permitido para la adquisición extranjera de tierras rurales podía incrementar las oportunidades comerciales para empresas dedicadas precisamente a identificar, valuar, gestionar y administrar campos para capitales internacionales.
El interrogante, entonces, no se limita a conocer si Benegas Lynch continúa ejerciendo formalmente la dirección de la compañía. También corresponde establecer si informó esa vinculación ante el Senado, si adoptó alguna medida para apartarse de decisiones relacionadas con el sector y si su intervención legislativa resulta compatible con las obligaciones de ética pública.
Una contradicción que requiere explicaciones
La Libertad Avanza presentó a Joaquín Benegas Lynch durante la campaña electoral de 2025 como un empresario vinculado a proyectos de inversión agropecuaria y fundador de Glocal Terra. Su trayectoria privada, por lo tanto, no era desconocida.
Lo que ahora queda expuesto es la coincidencia entre ese interés empresarial y una decisión legislativa concreta: flexibilizar los límites establecidos para la extranjerización de las tierras argentinas.
El problema no consiste solamente en determinar quién puede comprar un campo. Está en juego el control sobre un recurso territorial limitado, estratégico y directamente relacionado con la producción de alimentos, el ambiente, el acceso al agua y la soberanía económica.
Por eso, cuando un representante de Entre Ríos participa en la discusión de una norma que podría beneficiar al sector económico en el cual desarrolla su actividad privada, las explicaciones no son una concesión política. Son una obligación republicana.
Según informó La Nación, el medio intentó obtener la respuesta del senador y de su entorno, pero hasta el cierre de la publicación no había recibido contestación.
El proyecto fue retirado por falta de respaldo parlamentario. La cuestión institucional, en cambio, permanece abierta. El Senado y el propio Benegas Lynch deberán explicar si existió un conflicto de intereses y qué mecanismos se adoptaron —si alguno— para impedir que un interés empresarial particular pudiera confundirse con el ejercicio de la representación pública.
Fuente: Con información de La Nación