Titulares de agencias de lotería de Entre Ríos difundieron una carta pública en la que cuestionan medidas del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social.
Un grupo de agencieros autoconvocados de la provincia, con fuerte presencia en Concordia, dio a conocer un documento en el que expone una serie de reclamos dirigidos tanto a la ciudadanía como a autoridades municipales y provinciales, con especial énfasis en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social. En la misiva, advierten que el sector atraviesa una situación crítica agravada por decisiones que —según sostienen— afectan directamente su rentabilidad.
En la nota enviada a El Concordiense, los firmantes aseguraron que, en un contexto de recesión, las agencias enfrentan medidas que califican como “asfixiantes”, y sugieren la existencia de acciones que beneficiarían a un grupo reducido en detrimento del resto de los operadores y contribuyentes.
Cuestionamientos a la comercialización de productos
Uno de los principales puntos señalados refiere a cambios en la modalidad de venta de juegos. Según explican, productos que anteriormente se comercializaban de manera digital a través de terminales —lo que permitía mayor control y reducción de costos— volvieron a distribuirse en formato físico.
En particular, mencionan el caso del Telekino, que ahora debe venderse en cartones, junto con otros productos como las “raspaditas”. Estas últimas, aseguran, presentan bajos niveles de venta e incluso llegan a las agencias con fechas de vencimiento próximas o ya cumplidas. A esto se suma la obligación de adquirir dichos productos independientemente de su salida comercial.
Los agencieros también cuestionan los costos logísticos asociados al traslado de estos materiales físicos, remarcando que existen alternativas tecnológicas más eficientes y económicas.
Polémica por el cambio de imagen institucional
Otro eje de conflicto es la implementación de una nueva imagen institucional para las agencias, una medida que —según denuncian— implicaría una inversión superior a los dos millones de pesos por local.
De acuerdo al documento, inspectores del organismo informaron recientemente sobre esta actualización estética obligatoria. Sin embargo, los autoconvocados aseguran que la decisión fue atribuida a una cámara del sector que, según indican, representa solo al 26% de las agencias en la provincia.
En ese sentido, afirman que la mayoría de los agencieros no se siente representada por dicha entidad, y agregan que incluso habrían existido contradicciones entre lo expresado por la cámara y lo comunicado por el organismo oficial.
Regulación, costos y falta de autonomía
En la carta también se expone la fuerte carga regulatoria que pesa sobre la actividad. Los agencieros enumeran controles de distintos niveles del Estado, costos impositivos elevados —incluidas tasas municipales superiores a otros rubros— y gastos operativos fijos como servicios, contadores y obligaciones laborales.
Además, remarcan que no cuentan con margen de decisión frente a las disposiciones del organismo regulador, del cual depende la continuidad de su actividad. Finalmente, los autoconvocados plantean sospechas sobre posibles irregularidades en la toma de decisiones, señalando que algunas medidas podrían implicar beneficios económicos para terceros sin justificación clara.
En ese marco, solicitan la intervención de las autoridades competentes y buscan visibilizar la situación ante la opinión pública, con el objetivo de abrir un canal de diálogo y revisión de las políticas que afectan al sector.